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En México, un reclutador de campesinos prometía el cielo y las estrellas a los interesados en trabajar en Estados Unidos. Les decía que trabajarían lo justo y recibirían un sueldo de 13 dólares por hora o más. Es decir, tendrían un ingreso alto comparado al de su país, donde el salario mínimo es de 8 dólares por día.

Hubo quienes aceptaron la oferta laboral y no les importó pagar una “cuota” de entre 20,000 y 50,000 pesos (de 1,000 a 2,500 dólares) que les pidieron para obtener la visa H-2A, que el gobierno de EEUU otorga a agricultores extranjeros para desempeñar su labor temporalmente. Esa “cuota” es ilegal.

Al llegar a este país cambiaron las cosas: les cobraron por todo aquello que en el contrato acordaron darles gratis o a bajo costo: alimentación, alojamiento y transporte. Eso les generó deudas y sus patrones lo aprovecharon para explotarlos todavía más.

Los detalles de este caso de trabajo forzado en contra de inmigrantes se describen en decenas de páginas que fiscales sometieron a una corte federal del Distrito Medio de Florida. La acusación está basada en las declaraciones de 17 víctimas, todos inmigrantes mexicanos, que alegan haber sido explotados de 2015 a 2017. Casi todos sus victimarios también son mexicanos.